Fumar constituye un problema de salud pública de primer orden. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1,1 billones de personas consumen tabaco y ocho millones fallecen anualmente: más de siete como consecuencia directa y 1,2 de manera indirecta por la exposición al humo ajeno en los no fumadores. Además, es la principal causa de patología cardiovascular, oncológica y respiratoria y de muerte evitable.

A pesar de estas cifras, el Informe sobre el control del tabaco para la Región de las Américas 2022 indica que alrededor de 900 millones de personas, o el 96% de la población, de 26 de los 35 países están protegidas por, al menos, una de las seis medidas de control del tabaco recomendadas por la OMS, un 50% más que en 2007. Sin embargo, los progresos no han sido uniformes, sobre todo en los nueve países donde no se ha aplicado ninguna restricción a su consumo.

Para el organismo internacional, “todas las formas de tabaco son perjudiciales y no existe un nivel seguro de exposición”. El informe advierte que los nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos, “están cada vez más disponibles y accesibles, lo que supone una amenaza para el control de este mal hábito”. 

De ahí la importancia que los gobiernos intervengan para “evitar que los no fumadores empiecen a consumir estos productos, impedir que el tabaco vuelva a normalizarse en la sociedad y proteger a las generaciones futuras”.